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Principio “Pro persona”

 

Seguramente este término lo han escuchado mucho y cada vez con más fuerza;  pues bien he aquí una breve explicación de lo que se trata.

El principio pro persona fue integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada el 10 de junio de 2011. Este principio quedó plasmado en el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

El principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

La definición de este principio como lo sostiene la doctrina e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria (casos de excepción).

Por lo tanto, la aplicación del principio, comentado en este artículo, en el análisis de los derechos humanos, es un elemento esencial e indispensable que se debe utilizar de manera obligatoria e imperativa en la interpretación de las normas jurídicas que se relacionen con la protección de los derechos de las personas a efecto de que se consiga su adecuada y garantizada protección.

cuando un derecho fundamental esta recocido en las dos fuentes supremas, a saber la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, la elección de la autoridad para determinar cual norma o fundamento será el aplicable, siempre deberá atender a criterios que favorezcan a la persona y según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista diferencia alguna entre el alcance y la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes (interna y universal) debe prevalecer aquella que representa una mayor protección para el hombre o bien que represente una menor restricción.

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